Existe una creencia muy extendida en el tejido empresarial español: la idea de que constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.) crea automáticamente un muro infranqueable entre el riesgo del negocio y el patrimonio personal del fundador.
Sin embargo, en la práctica jurídica y tributaria, esta protección no es absoluta. La limitación de responsabilidad societaria, reconocida en el artículo 1.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), constituye uno de los principios esenciales de las sociedades de capital, pero no excluye la posible exigencia de responsabilidades personales en los supuestos legalmente previstos.
Cuando el empresario gestiona la compañía como una extensión de su patrimonio personal o dirige un entramado de sociedades sin una adecuada separación patrimonial y organizativa, pueden surgir importantes riesgos jurídicos.
1. La Doctrina del Levantamiento del Velo y la Confusión Patrimonial
Nuestro Derecho parte del principio de independencia de la personalidad jurídica: cada sociedad es titular de su propio patrimonio y responde de sus obligaciones, sin que exista un patrimonio de grupo ni una comunicación automática de deudas entre sociedades vinculadas.
Sin embargo, los tribunales admiten, con carácter excepcional, la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo cuando se acredita que la personalidad jurídica se utiliza de forma abusiva o fraudulenta para eludir responsabilidades frente a terceros.
⚠️ Factores que Pueden Justificar el Levantamiento del Velo
- Confusión de patrimonios y cajas: Transferencias de fondos entre sociedades vinculadas o hacia los socios sin justificación económica ni adecuada documentación contractual o societaria.
- Infracapitalización material: Utilización de sociedades manifiestamente infradotadas para asumir determinados riesgos, acompañada de actuaciones que puedan revelar un abuso de la personalidad jurídica.
- Confusión de órganos y medios: Utilización indistinta de personal, instalaciones o recursos de distintas sociedades sin delimitar adecuadamente sus respectivas actividades y operaciones.
Estas circunstancias pueden constituir indicios relevantes, pero no determinan por sí solas el levantamiento del velo. Es necesario acreditar un uso abusivo de la personalidad jurídica que justifique, atendiendo a las circunstancias del caso, apartarse de la regla general de separación patrimonial.
Así lo ha reiterado el Tribunal Supremo en su Sentencia 1205/2026, de 17 de julio, al insistir en el carácter excepcional de esta doctrina y en la necesidad de acreditar los presupuestos que justifican su aplicación.
2. El Riesgo del Administrador de Hecho en Grupos de Sociedades
En las empresas familiares que crecen acumulando varias sociedades hermanas —participadas directamente por personas físicas— o en grupos con una organización poco definida, emerge un segundo riesgo relevante: la posible calificación como administrador de hecho.
El artículo 236.3 TRLSC extiende el régimen de responsabilidad de los administradores a quienes desempeñan efectivamente funciones propias de administración sin ostentar formalmente el cargo, así como a aquellas personas bajo cuyas instrucciones actúan los administradores de derecho.
No obstante, esta calificación exige acreditar el ejercicio efectivo de funciones de administración o una influencia determinante sobre la actuación del órgano formal. La mera condición de socio mayoritario o el ejercicio legítimo de funciones de dirección estratégica dentro de un grupo no implican automáticamente la existencia de un administrador de hecho.
📌 La Frontera entre Dirección Unitaria Lícita y Administración de Hecho
- Dirección unitaria legítima: Una sociedad holding ejerce sus derechos como socio, participa en el nombramiento de los órganos de administración de sus filiales, establece directrices estratégicas generales y articula los mecanismos de coordinación del grupo.
- Administración de hecho: El socio persona física o los directivos de la matriz asumen de manera efectiva funciones propias del administrador de la filial, imparten instrucciones determinantes sobre su gestión o sustituyen en la práctica al órgano de administración formalmente designado.
Esta distinción resulta especialmente importante porque la responsabilidad del administrador de hecho puede alcanzar tanto los daños causados por actuaciones contrarias a la ley, a los estatutos o a los deberes inherentes al cargo (artículo 236 TRLSC), como determinados supuestos de responsabilidad por deudas sociales (artículo 367 TRLSC).
En cualquier caso, la responsabilidad no es automática. Su exigencia requiere la concurrencia de los presupuestos establecidos para cada régimen. En particular, la responsabilidad del artículo 367 TRLSC está vinculada al incumplimiento de los deberes legales derivados de la concurrencia de una causa de disolución y alcanza a las obligaciones sociales comprendidas en los términos temporales previstos en dicho precepto, sin perjuicio de las excepciones legales.
3. Economía de Opción frente a Cláusula Antiabuso: El Motivo Económico Válido y el Rigor Contable
Para organizar el riesgo operativo y el patrimonio empresarial acumulado —inmuebles, tesorería excedentaria y participaciones—, puede resultar conveniente evolucionar desde un conjunto de sociedades aisladas hacia una estructura de sociedad holding.
Esta reorganización puede articularse mediante operaciones como el canje de valores (artículo 76.5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, LIS), la escisión (artículo 76.2 LIS) o la segregación mercantil de ramas de actividad, regulada en el artículo 61 del Real Decreto-ley 5/2023, cuyo tratamiento fiscal deberá analizarse atendiendo a los requisitos aplicables, en particular los del artículo 76.3 LIS cuando corresponda.
Estas operaciones pueden acogerse al régimen fiscal especial de reestructuraciones, que permite diferir la tributación de determinadas plusvalías latentes cuando se cumplen los requisitos legales.
Desde el punto de vista contable, las operaciones entre empresas del grupo deben analizarse conforme a la Norma de Registro y Valoración 21.ª del Plan General de Contabilidad (PGC), que establece criterios específicos para determinadas reorganizaciones, sin que resulte aplicable en todos los casos una misma regla de valoración.
En el plano tributario, la frontera entre la economía de opción —elegir legítimamente la estructura mercantil y fiscal más eficiente que ofrece el ordenamiento— y el abuso fiscal se encuentra, principalmente, en la cláusula antiabuso del artículo 89.2 LIS.
Este precepto impide aplicar el régimen especial cuando la operación tenga como objetivo principal el fraude o la evasión fiscal, particularmente cuando no responda a motivos económicos válidos y persiga la mera obtención de una ventaja fiscal.
Por ejemplo, la interposición de una sociedad holding antes de distribuir dividendos o transmitir participaciones puede requerir un análisis especialmente cuidadoso, teniendo en cuenta la posible aplicación de la exención del artículo 21 LIS, cuyo alcance depende del cumplimiento de sus requisitos legales.
Ahora bien, la obtención de una ventaja fiscal no convierte por sí sola una reorganización en abusiva.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 949/2026, de 20 de julio, ha destacado la necesidad de respetar el principio de proporcionalidad en la aplicación de la cláusula antiabuso, de manera que la regularización se limite a eliminar las ventajas fiscales abusivas acreditadas. Asimismo, exige una motivación reforzada cuando la Administración pretenda eliminar el diferimiento de las plusvalías latentes por considerarlo el objetivo principal de la operación.
Por su parte, el Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 8 de octubre de 2026 (RG 417/2023), ha profundizado en el tratamiento de estas operaciones, especialmente cuando intervienen sociedades holding y se distribuyen beneficios generados antes de la reestructuración.
Por ello, resulta fundamental que la reorganización responda a causas empresariales reales, documentadas y acreditables, entre las que pueden encontrarse:
- Centralización de la dirección estratégica y, cuando proceda, prestación efectiva de servicios administrativos o financieros comunes.
- Separación de actividades y riesgos operativos, mediante una organización societaria coherente y una adecuada delimitación de las relaciones entre entidades.
- Organización patrimonial y planificación sucesoria de la empresa familiar, analizando, cuando corresponda, los requisitos de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio (artículo 4.Ocho de la Ley 19/1991), su incidencia en el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y las reducciones previstas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (artículos 20.2.c y 20.6 de la Ley 29/1987), junto con la normativa autonómica aplicable.
La existencia de una estructura holding no garantiza por sí misma el acceso a estos beneficios fiscales, que dependerán del cumplimiento de los requisitos establecidos para cada supuesto.
4. Arquitectura Societaria y Gobierno Corporativo con Pausa Fiscal
Protección Jurídica, Contable y Tributaria para Grupos Empresariales
En Pausa Fiscal no nos limitamos a la presentación formal de impuestos. Diseñamos la arquitectura societaria integral de grupos familiares y empresas en expansión para contribuir a que el crecimiento empresarial vaya acompañado de una adecuada organización patrimonial y de una gestión preventiva de los riesgos jurídicos y tributarios.
Analizamos la viabilidad mercantil y contable de cada operación, documentamos los motivos económicos de las reestructuraciones, formalizamos los contratos de operaciones vinculadas y establecemos las reglas de gobierno corporativo necesarias para reforzar la seguridad jurídica y reducir los riesgos de responsabilidad del fundador y del órgano de administración.
🏛️ Arquitectura Fiscal y Societaria de Alto Nivel
- Estructuras Holding y Reorganizaciones (RDL 5/2023 y LIS): Canjes de valores, escisiones y segregaciones, analizando su posible aplicación al régimen de neutralidad fiscal y los requisitos exigibles.
- Gobierno Corporativo y Protección del Administrador: Protocolos familiares, pactos parasociales y delimitación de funciones y responsabilidades para prevenir situaciones que puedan dar lugar al levantamiento del velo o a la consideración de administrador de hecho.
- Planificación Fiscal de la Empresa Familiar: Revisión del cumplimiento de requisitos en Patrimonio, Grandes Fortunas, Sucesiones y Donaciones y régimen de dividendos.
Nota editorial: Agradecemos especialmente a José Ángel López-García de la Serrana Palomares su colaboración y contraste técnico en la revisión jurídica de esta publicación.